Varias naciones de la eurozona ofrecen ciertas ventajas fiscales para los poseedores de moneda digital a largo plazo. Alemania, por ejemplo, aplica una tasa impositiva del 0% a las ganancias de los activos que el inversor mantuvo durante más de un año o a las ganancias inferiores a 1.000 euros. Del mismo modo, cualquier ingreso criptográfico inferior a 256 € está libre de impuestos.
Esto contrasta significativamente con la tasa del 45% que cobra sobre las participaciones transferidas dentro de un año.
Bélgica también cobra a los inversores individuales un impuesto del 0% sobre las ganancias de capital a largo plazo derivadas de las criptomonedas. Sin embargo, esto viene con una cláusula adicional: las transacciones deben calificar como parte de la gestión habitual de activos privados del titular. Sin embargo, las ganancias a corto plazo trac una tasa impositiva fija del 33%, mientras que los ingresos de la actividad criptográfica profesional generan una proporción más alta.
El caso es el mismo para Luxemburgo. Aquí, los comerciantes enj de una tasa CGT del 0% sobre las criptomonedas que han mantenido durante más de seis meses. Pero los ingresos de los activos vendidos en menos de seis meses están sujetos a una tasa impositiva progresiva del 42%. Otras naciones con incentivos similares son Malta, Chipre y Croacia.
La creciente aceptación de las criptomonedas ha requerido un replanteamiento de cómo manejaremos su tributación en el futuro. Detrás de ese cambio hay dos iniciativas: el Marco de Informes de Criptoactivos (CARF) y la Administración Tributaria para el Informe de Actividades de Criptoactivos (TARKA).
CARF busca mejorar la apertura fiscal y frenar las trampas fiscales mediante el establecimiento de un estándar globalmente aceptable para informar transacciones relacionadas con criptomonedas. TARKA, por su parte, complementa el impulso del CARF permitiendo sinergias entre los organismos tributarios de los 48 miembros iniciales.
Las dos iniciativas pondrán a los proveedores de servicios de criptoactivos bajo un escrutinio más estricto, obligándolos a actualizar sus sistemas para alinearse con sus responsabilidades mejoradas de presentación de informes. Mientras tanto, las autoridades fiscales tendrán más herramientas y capacidad para trac y hacer cumplir las ganancias criptográficas ocultas.